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Decía Benjamin Constant que una vez que el candidato ha sido elegido, éste pasa a tener intereses diferentes de sus electores. Y decimos nosotros: salvo que se una institucionalmente su suerte a la de ellos. Ésa es la clave de bóveda de la representación.

Una de las causas principales del fracaso parcial del régimen que inauguró la Transición es el actual régimen electoral que hunde sus raíces en el Real Decreto-ley 20/1977, de 18 de marzo y que reguló las primeras elecciones generales. La Constitución española del 78 ratificó ese espíritu al declarar a la provincia como circunscripción electoral (art. 68.2) y establecer la proporcionalidad como regla electoral (art. 68.3), remitiendo a una ley orgánica el desarrollo de estos principios. En tres párrafos constitucionales se había consolidado un régimen de poder oligárquico dominado por las cúpulas de los partidos hegemónicos, que tendrían la capacidad de someter a sus diputados bajo la amenaza de excluirles de las listas cerradas y bloqueadas que la Ley Orgánica del Régimen Electoral terminó de consagrar en 1985. La representación votante/diputado quedaba así muy alejada de aquella inaugurada por el liberalismo y, tras la conquista del sufragio universal, instituida en los países con mayor tradición democrática. A partir de entonces, la dirección de los partidos políticos principales iba a monopolizar la vida política de los siguientes cuarenta años. La partidocracia adquirió así plena carta de naturaleza. La representación de la sociedad en el Parlamento había fracasado.

No era difícil intuir las consecuencias. Sin representación directa votante/diputado, la proporcionalidad del sistema de listas sólo ha servido para que los partidos se repartan sistemáticamente el Poder Legislativo en proporción a su cuota electoral. Dado que cambiar de partido resulta mucho más difícil que cambiar de personas cuando unos y otros fallan al elector -máxime con las barreras de entrada existentes en España-, los partidos nunca pagan en su justa medida por sus abusos. El efecto resultante de poder dar la espalda impunemente a la sociedad supone las corruptelas e ineficacias de las que hemos sido testigos los españoles. Porque, ¿alguien puede creer que sin tener ningún lazo de dependencia respecto a la sociedad los parlamentarios van a atender sus demandas en vez de sus propios intereses, como decía Constant? Eso implicaría no conocer ni la naturaleza del poder ni la condición humana.

En los últimos años, impulsados por los escándalos de corrupción y porque se ha evidenciado la distancia que separa a las élites políticas de la sociedad, se han producido diversos cambios en el régimen de partidos, entre los que cabe destacar la implantación de elecciones primarias en la mayoría de los partidos. Las primarias no dejan de ser un peligroso retoque cosmético y lampedusiano. Realmente no cambian la naturaleza de la representación. Las cúpulas siguen influyendo totalmente en el proceso, obteniendo los avales y dirigiendo el voto hacia sus candidatos. Con primarias no sólo sigue habiendo listas de partido y su consiguiente disciplina de voto sino que además el sistema se recubre con una falsa apariencia democrática que engaña a los ingenuos. Las primarias se diseñaron para los sistemas uninominales y presidencialistas, no para un Estado de partidos como es España.

De este modo, si las listas de partido son las responsables de que el diputado permanezca rehén de las cúpulas de su partido en vez de ser responsable ante los ciudadanos, lo más sensato y democrático será suprimir las circunscripciones plurinominales para que las listas desaparezcan y con ellas la partidocracia. La figura del diputado de distrito emerge con contundencia para resolver esta patología, cortando de raíz estas malas prácticas que terminan pervirtiendo todo el sistema democrático.

Los partidarios de los sistemas proporcionales atacan al diputado de distrito argumentando que un importante porcentaje de votantes se queda sin representación, abogando por un sistema de mayor proporcionalidad y listas abiertas. Se puede responder que la solución a esta crítica es la implantación de la doble vuelta, de manera que al quedar finalistas sólo dos candidatos, el ganador siempre lo hará por mayoría absoluta. Entre la primera y la segunda vuelta, los finalistas han podido llegar a pactos programáticos con los que no han pasado para recibir su apoyo y así recoger en su programa las demandas de sus simpatizantes.

Pero la respuesta más contundente reside en el hecho de que los diputados salidos del llamado sistema proporcional de listas de partido, abiertas o cerradas, no representan en modo alguno a sus votantes sino a las cúpulas de los partidos que los han incluido en sus listas, que obedecen servilmente como hemos podido comprobar a lo largo de estos casi cuarenta años de partidocracia. La aludida proporcionalidad del sistema de listas sólo sirve para que los partidos se repartan el Parlamento proporcionalmente a su cuota. Pero como cambiar de partido es mucho más difícil que cambiar de personas si uno y otra fallan al elector, los partidos nunca pagan en su justa medida las consecuencias de dar la espalda a la sociedad. En realidad no han de hacerlo, porque no les representan. El diputado de distrito corta de raíz estas malas prácticas que terminan pervirtiendo todo el sistema democrático con las consecuencias que conocemos.

Por último, la representación política ha de entenderse como una potestad ciudadana, un mandato que los votantes otorgan a su representante para defienda sus intereses y trabaje para lograr la implantación del programa electoral con el que se ha comprometido ante ellos. De todo esto resulta imposible concebir el mandato del ciudadano al diputado como un cheque en blanco durante cuatro años. En realidad debería ser un poder revocable en todo momento si se alcanza el quórum necesario para ello. Las firmas del 40% de los votantes censados en la circunscripción del diputado que se pretende sustituir deberían ser suficientes para incoar el procedimiento revocatorio, cuya votación debería exigir una mayoría cualificada.

Desde diputadodedistrito.es parte de la base de que el ciudadano es la piedra angular del nuevo orden que se ha de configurar en España. Para ello proponemos establecer la figura del diputado de distrito en circunscripciones uninominales a doble vuelta con revocatoria de mandato.