Por Justo Coll*

Vaya por delante que he creído oportuno rectificar a tiempo el título de este artículo, preponiendo el adjetivo indefinido “algunas” ya que me he percatado de que seguramente no seré capaz de identificarlas todas. Al margen de la definición que nos ofrece la Real Academia, el concepto de distopía([1]) se ha usado en distintas áreas o escenarios conceptuales, como puede ser el arte, la medicina, o la política, campo este último al que me voy a ceñir y en el que quiero puntualizar que manejo la distopía como el riesgo de soportar los peligros potenciales de las ideologías, prácticas y conductas ominosas sobre las cuales se erigen algunos comportamientos de nuestras sociedades actuales.

No voy a entrar en el funcionamiento interno de los partidos políticos, donde podríamos encontrar no pocas de ellas, y no voy a entrar por tratarse de entidades privadas parcialmente reguladas por el derecho público pero cuyo funcionamiento interno es prerrogativa de sus propios órganos de gobierno, por cuanto su actividad queda fuera de la consideración de este artículo.

Sin embargo, en el sistema democrático español, abiertamente oligárquico, se evidencian ya varias de las distopías anunciadas.

Acudamos a la Constitución española vigente en cuyo artículo 67 se ordena que: “Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo”, de donde se deduce que cada diputado electo es libre de decidir su voto en conciencia al emitirlo, ya sea de forma afirmativa, negativa o absteniéndose.

No obstante, la Ley de Partidos de 27 de junio de 2002([2]) habla en su artículo 8º, 5, c) de la obligación de los afiliados de “Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos directivos del partido” lo que implica consecuentemente que deberán votar en el sentido que la dirección decida.

Primera distopía a destacar: que una Ley postconstitucional conserve una norma emanada de sus dos precedentes preconstitucionales, y que eventualmente pueda entrar en conflicto con un mandato constitucional al no respetar la libertad de voto (o de conciencia) de sus afiliados. Resulta innecesario, por evidente, enfatizar el hecho de que ningún partido haya mostrado la más mínima inquietud por ajustar esta normativa a la Constitución, esperando casi veinticuatro años para publicar una Ley en la que pase desapercibida su probable inconstitucionalidad.

Siguiendo en esta línea, es reiterada la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que impide al partido revocar a un parlamentario en el supuesto de incumplimiento del mandato imperativo, pero sí admite la posibilidad de que se le aplique una sanción interna a tenor de los propios estatutos del partido. De alguna manera el alto tribunal considera que el mandato constitucional de voto de conciencia, como no podía ser de otra manera, está por encima de la disciplina de partido.

Sin embargo, esta reiterada línea jurisprudencial no deja de resultar un tanto desconcertante si nos atenemos a algunos de los fundamentos en los que basa su criterio. Desde 1983, el Constitucional protegió a los diputados al señalar que “el cese en el cargo público representativo al que se accede en virtud de sufragio no puede depender de una voluntad ajena a la de los electores, y eventualmente a la del elegido”. Insiste en distintas sentencias que el Acta de Diputado es propiedad del electo y no del partido, y su cese solo puede depender de “los electores” o de su propia decisión. Analizando con calma estos pronunciamientos, resulta distópico que se atribuyan facultades de decisión a los electores, que tan solo pudieron insertar en la urna una papeleta con lista cerrada, elaborada por el propio partido, y a la par asignarles una facultad de revocación de la que legalmente carecen. Como diría Pasternak, ¿alguien puede atarme esa mosca por el rabo?

Diga lo que diga el Constitucional, la realidad del sistema oligárquico que impera en España evidencia que el único y verdadero propietario del acta es el partido político que confeccionó la lista y no el votante que carece de capacidad para seleccionar o discriminar dentro de esa lista a quién quiere elegir (diputar) y a quién no. Es algo así como de sentido común. Tanto más cuanto que si el electo incumple la disciplina de voto va a ser sancionado a tenor del reglamento interno ya que la jurisprudencia, absurdamente, le impide al partido rescatar el Acta.

Alguien puede pensar que yo estoy a favor del voto en conciencia y en contra del mandato imperativo, pero nada más lejos de la realidad. Mi posicionamiento a este respecto es mucho menos convencional que la doctrina imperante. Mi postura es que el votante debe adquirir esa facultad de revocar o rescatar el acta de un electo que incumple de forma grave ese mandato imperativo con que se le eligió. Cuando un ciudadano desea que alguien le represente en el poder legislativo, debe tener la capacidad real de designar de forma indubitada quién quiere que le represente, es decir, tiene que emitir el voto a favor de una persona y no de una lista, ni siquiera de una lista abierta que también va a ser elaborada por un partido, una coalición u órgano independiente. El acto de diputar implica, según el DRAE, destinar, señalar o elegir a alguien para algún uso o ministerio y ello tiene que llevar asociado el mandato imperativo si queremos en su momento ejercer el derecho de revocación. Es en este sentido que propugno una modificación de la Constitución, así como del sistema electoral vigente.

Estoy por supuesto en contra de todas esas distopías relatadas, pero para conseguir eliminarlas es necesario que la ciudadanía tome conciencia de ellas, eleve su nivel de conocimiento del sistema electoral español que debilita sensiblemente la democracia y que por último deje de pensar, en contra de las distopías, que la elección por distritos unipersonales sea una utopía. Es el que conocemos en nuestra corriente como Diputado de Distrito. CAMBIEMOS EL PARADIGMA.

 

*Justo Coll es portavoz de Diputado de Distrito en Alboraya (Valencia)

([1]) DRAE: Distopía: Representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana.
([2]) Curiosamente, la vigente Ley de Partidos, publicada casi 24 años después de la Constitución, mantiene la misma frase que sus dos leyes – preconstitucionales – precedentes, la de 4 de diciembre de 1978 y la de 14 de junio de 1976: Son deberes fundamentales… …cumplir los acuerdos válidamente adoptados por sus órganos rectores.

Un pensamiento en “ALGUNAS DISTOPÍAS DE LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA

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