Por Joaquín Javaloys*

Para instrumentar una transición política hacia la democracia, la Constitución de 1978, redactada por los delegados de los partidos, instauró la partidocracia o estado de partidos, para que estos tutelaran a unos españoles democráticamente inmaduros.

Entonces, tras la aceptación en referéndum de la Constitución, se configuró el mapa político con unos partidos jerarquizados piramidalmente, con unas cúpulas dominantes, y tuvo lugar un cambio del tradicional método de corruptela individual por una nueva  corrupción organizada por y para los partidos, cuyo factor distintivo fue el cobro de comisiones a las empresas por la concesión de contratas en las diversas administraciones, o por recalificaciones del suelo. Tal procedimiento consistía básicamente en separar en el espacio, e incluso en el tiempo, la prevaricación del cohecho. La concesión del favor y el cobro de la correspondiente comisión se iban a llevar a cabo por personas distintas y, además, en diferido. El dinero fluiría hacia los partidos a través de múltiples senderos. Por supuesto, nadie entregaba dinero a cambio de nada, pero sí a cambio de una concesión o de una recalificación.

Desde entonces la corrupción es el sistema político partidocrático imperante en España porque es una forma de entender el ejercicio de la política, que adultera las relaciones entre los administrados y los administradores y posibilita el enriquecimiento personal de muchos afiliados de los principales partidos. La corrupción está ligada a la partidocracia existente dada la perversión interna de la financiación de los partidos y por los excesos de la implantación del Estado autonómico.

En España la representación política y el sistema electoral fueron regulados inicialmente por el Decreto-Ley de 18 de marzo de 1977 sobre normas electorales, pero se consolidó en la Constitución de 1978 y, posteriormente, en la Ley Orgánica de 19 de junio de 1985 sobre Régimen Electoral General (LOREG), que estableció que el número de escaños correspondiente a cada partido se halla mediante una regla proporcional corregida por la fórmula D’Hont, asignando los restos electorales a los dos partidos mayoritarios en cada circunscripción electoral, que es la provincia. De esta forma se favorece el bipartidismo. En las elecciones las listas de candidatos son elaboradas por los partidos políticos y han de ser cerradas y bloqueadas para elegir los diputados del Congreso y abiertas para el Senado.

A pesar de tener carácter provisional, las normas electorales de 1977 fueron incorporadas en 1978 al texto constitucional y finalmente se consolidaron como ordenamiento electoral por la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, sobre el Régimen Electoral General (LOREG), dictada por el PSOE que gobernaba desde octubre de 1982 con mayoría absoluta de diputados. Por tanto, los socialistas  son los responsables de haber consolidado entonces una legislación electoral poco democrática y provisional elaborada en 1977 por el reformador franquista Adolfo Suarez. Al PSOE le interesó entonces mantener un sistema electoral que tutelase la democracia a través de un partido estatal dominante. El ciudadano quedó así sujeto al imperio de la partidocracia mediante las listas cerradas y bloqueadas, pues la Ley electoral de 1985 no respetó ni siquiera los “criterios de representación proporcional” establecidos por la Constitución española en su artículo 68.3. Además la LOREG perpetuó consecuencias perversas, pues mantuvo injustas desigualdades del voto según que el ciudadano votante residiera o no en una provincia con predominio de partidos nacionalistas, formalizó la consolidación de las desigualdades que tenía la preconstitucional ley de 1977 sobre normas electorales.

Dada la supremacía del PSOE en la década de los ochente algunos creyeron que los socialistas refundarían la democracia; pero el partido gobernante no solo mantuvo invariable el provisional sistema político acordado en la Transición sino que politizó el Poder judicial e intervino en la sociedad civil para desarmarla. Si los socialistas hubieran preferido la ruptura total con el régimen franquista anterior, hubieran podido llevarla a cabo, democráticamente, con su amplia mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, durante la legislatura 1982-86; pero prefirieron consolidar la partidocracia en vez de instaurar una verdadera democracia devolviendo la soberanía popular a los ciudadanos mediante la elección directa de los diputados del Congreso en distritos uninominales.

La salud de un país democrático está directamente relacionada con la garantía de la separación de poderes. No hace falta teorizarlo: es de primero de EGB de democracia. La separación de poderes es tan consustancial al sistema democrático como el sufragio universal, o más si cabe, porque el sufragio universal solo será el instrumento de una verdadera democracia en la medida en la que la separación de poderes esté garantizada”. Pero, dada la creciente tendencia a la corrupción que había en los partidos políticos la clase política prefirió que hubiera confusión de los poderes del Estado, para que estuvieran a la disposición de las cúpulas dominantes de los partidos.

Un caso paradigmático de corrupción fue el escándalo de la denuncia de soborno que el 21 de septiembre de 1981 hizo al alcalde el secretario general del PSOE de Madrid y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid Alonso Puerta, quien acusó a dos concejales socialistas de esa Corporación municipal del cobro de comisiones por la concesión de la contrata de recogida de las basuras.

 Entonces, al escuchar a A. Puerta el socarrón alcalde, Enrique Tierno Galván, le respondió, con su proverbial retranca: “Sosiéguese, Puerta, y recapacite; se diría que ha desayunado tigre”. El alcalde ni se interesó por las pruebas ni preguntó detalles. Muy al contrario, visiblemente molesto, manifestó su desdén por la insólita salida de tono: todos los socialistas del consistorio sabían muy bien que las comisiones ilegales por adjudicación de contratas, o por recalificación del suelo, formaban ya parte del comportamiento habitual de los ayuntamientos “democráticos”.

Yo fui testigo personal de la valiente denuncia que hizo el honrado concejal Alonso Puerta, sobre ese soborno por cobro de comisiones. Entonces yo era concejal por UCD del ayuntamiento de Madrid y fui miembro de la Comisión de Investigación que fue creada por el pleno de la Corporación municipal para esclarecer los hechos relativos a esa denuncia de corrupción por cobro de comisiones. Por ello tengo fotocopias de documentos sobre el tema. Por supuesto, en la comisión de investigación -donde había mayoría de concejales socialistas más comunistas- no se llegó a ninguna resolución incriminatoria de los culpables, ni se aceptó siquiera la existencia de cobro de comisiones a cambio de la concesión de la contrata. En vano pidió UCD  la dimisión del alcalde de Madrid Enrique Tierno Galván.

En el caso a que me refiero, las comisiones fueron presuntamente pagadas por la empresa concesionaria de la recogida de basuras en Madrid; pero aunque las comisiones pudieron ser entregadas físicamente a ciertos concejales del PSOE, su destino final parece que fue la financiación de su partido político, no para el lucro personal de los concejales receptores. De esta forma se confirmó la financiación ilegal del PSOE en la ciudad de Madrid. Entonces se desacreditó el eslogan electoral del PSOE en 1979 que presumía de haber tenido “¡cien años de honradez!”, pues los guasones le añadieron “…y dos en los ayuntamientos”.


La denuncia la realizó Alonso Puerta por honorabilidad y por discrepancia con la dirección nacional ejecutiva del PSOE que, al parecer, había puesto ya en marcha ese procedimiento ilícito de financiación del partido, a pesar de la oposición de algunos altos cargos socialistas. Consecuencia de la denuncia de Alonso Puerta fue que los órganos disciplinarios de su partido acordaran su suspensión de militancia el 26 de septiembre de 1981. Además el 8 de octubre siguiente tuvo lugar la posterior dimisión de otros tres concejales socialistas del ayuntamiento de Madrid por solidaridad con el denunciante.  ¡Así de democráticamente actuaban ya entonces las cúpulas de los partidos con los discrepantes con sus órdenes, fuesen o no legales!.

Se consolidó así la corrupción sistémica del cobro de comisiones por concesiones de contratas a las empresas, que anteriormente ya había sido iniciada por el partido comunista en las recalificaciones de suelo y que se contagió entonces al PSOE. Esas prácticas  corruptas acabaron extendiéndose también a UCD y, posteriormente, a Alianza Popular y al Partido Popular cuando, tras su creación, consiguió tener puestos directivos en los ayuntamientos y en otras administraciones. A partir de entonces, cualquier concejal honrado que se opusiera al cobro de comisiones para su partido, sería expulsado o no sería incluido en las siguientes listas cerradas y bloqueadas electorales.

Otros concejales socialistas del ayuntamiento de Madrid, a diferencia de A. Puerta, acataron aparentemente -más o menos gustosamente- la instrucción que se les imponía sobre cómo allegar fondos para financiar el PSOE. Entre ellos, José Barrionuevo, quien posteriormente llegaría a ser ministro de Interior y responsable de los GAL, procesado y condenado a 10 años de prisión, y Joaquín Leguina quien, a partir de ese momento, se convirtió en el jefe del grupo socialista en el Ayuntamiento (el alcalde Tierno Galván se limitaba a “dejar hacer”) y pronto accedió al puesto vacante de secretario general del PSOE en Madrid. Posteriormente, al crearse la Comunidad Autónoma de Madrid, Leguina fue designado por su partido presidente de la Autonomía. En la partidocracia la obediencia ciega se remunera generosamente.

Desde luego, la cúpula nacional del PSOE castigó duramente a Alonso Puerta y, en cambio, premió a otros concejales su dócil obediencia, que era muy meritoria porque se trataba de un asunto inconfesable. ¡Los caciques políticos siempre someten o destruyen a sus adversarios!. De allí en adelante todos los socialistas tomaron nota de que ¡”el que se mueva, no sale en la foto”!. Y la corrupta financiación del PSOE (y de otros partidos) mediante el cobro de comisiones por concesión de obras, servicios, licencias o recalificaciones se fue generalizando convirtiendo en corrupto al propio sistema partidocrático.

Por  supuesto, ante ese panorama, yo y muchas personas más, abandonamos la política de la corrupta partidocracia y nos dedicamos al honrado ejercicio de nuestras profesiones privadas.

Además, para proteger individualmente a los políticos corruptos y para garantizarles la impunidad en la medida de lo posible fue necesario adoptar también una serie de medidas legislativas como el aforamiento de la mayoría de los cargos políticos y, sobre todo, la colonización y el sometimiento de la Justicia por los partidos haciendo que la carrera profesional de los jueces dependa de su benevolencia sobre los comportamientos de los políticos, dada la consolidación de la corrupción sistémica. El amenazador slogan: “el que se mueva no sale en la foto”, no solo se aplicaría a los políticos, también se extendió su aplicación a la Justicia, y los jueces y fiscales tomaron nota de que sus carreras profesionales dependen de su actitud ante las actividades de los políticos y de los partidos.

Por ello, el mayor atentado contra la democracia española no tuvo lugar en el autogolpe de Estado del 23-F, porque fue otro que se llevó a cabo -¿democráticamente?- cuando el Parlamento aprobó la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Al tratarse de una ley orgánica tuvo que ser aprobada por mayoría cualificada, lo que hacía necesario que, como mínimo, también el mayor partido de la oposición votara favorablemente el proyecto de ley aprobado previamente por el Gobierno. La Ley del Poder Judicial salió adelante con el voto favorable de los principales partidos, pues a la partidocracia española le interesaba politizar la Justicia, aunque se resintiera la división de poderes en nuestro Estado de Derecho. En ella se estableció que la mayoría de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, serían elegidos por el Congreso y por el Senado; lo que exige un consenso entre los partidos mayoritarios. Se consolidó entonces la colonización y el sometimiento de la Justicia a los partidos políticos, lo que era necesario para obtener una mayor impunidad a los crecientes casos de corrupción de los partidos.

En la legislatura que se inició en 2012, con mayoría absoluta del PP, su ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón hizo aprobar una reforma legislativa por la que la totalidad de los miembros del CGPJ debían ser elegidos por las Cortes; por lo que actualmente los principales jueces y magistrados dependen, de hecho, de los partidos políticos. Por ello, los políticos corruptos, que suelen ser aforados, quieren ser juzgados por el Tribunal Supremo, cuyos miembros están más politizados que los simples jueces de primera instancia, por lo que son más comprensivos y menos rigurosos al juzgar las corrupciones políticas, tal vez por su carácter sistémico.

 Si se tiene en cuenta, además, que en el artículo 159.1 de la Constitución de 1978 se establece que “el Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial”, resulta que los miembros del Tribunal Constitucional, lo mismo que los miembros del Consejo General del Poder Judicial son elegidos por los diputados y senadores, es decir, por el Poder Legislativo; o sea, en último término por los partidos mayoritarios que, de esta forma, han invadido los órganos supremos de la Justicia en España, politizando el Poder Judicial. Más aún, los medios para el ejercicio de la justicia han de ser facilitados por el Ministerio de Justicia y, en su caso, por las Comunidades Autónomas.

 El Poder Judicial en España depende del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo tanto en su estructura como en su funcionamiento; o sea, en último término depende de los partidos políticos, que han intervenido y politizado la Justicia en su propio beneficio, degradando la democracia. Los tres Poderes integrantes del Estado dependen de la partidocracia avasalladora, y no solamente del partido gobernante.

 Ante la creciente y generalizada corrupción los partidos han eliminado controles y han domesticando a los medios de comunicación… con dinero o favores. Se ha creado así un sistema clientelar de intercambio de favores, en un entorno social  dependiente de un régimen sometido a la arbitrariedad de los jefes de partido. Además, una gran parte del dinero malversado en las comisiones, que debería ser para financiar a los partidos, suele desviarse hacia las cuentas particulares de algunos políticos bien situados o de los tesoreros o gerentes de los partidos, dadas las relaciones de chantaje que se van estableciendo, en un marco donde impera la ley del silencio. Los partidos miman a sus militantes que son cogidos in fraganti para que no “canten” y se descubra el alcance de la trama corrupta.

      En España la corrupción es sistémica, porque está en el ADN de su organización institucional, donde una trama integrada por un pequeño número de agentes y grupos de intereses controlan la economía y la política. O, mejor dicho, la corrupción es el sistema. La corrupción está generalizada porque existe un sistema de acceso restringido.

        

        Además hay que subrayar el corporativismo que se manifiesta en la reacción de los partidos ante las corrupciones de sus adversarios. Para ello voy a recordar que hubo un tiempo en el que el prepotente PSOE gobernante se vio afectado por uno de los escándalos financieros más sonados de la historia política nacional: el “caso Filesa”. La noticia saltó el 29 de mayo de 1991, cuando varios medios de comunicación acusaron al PSOE de financiación irregular a través de las empresas Filesa, Malesa y Time Export. El caso llegó al Tribunal Supremo, que dictó sentencia el 28 de octubre de 1997. Ocho personas fueron condenadas por esta trama, que servía como una tapadera para ingresar dinero en las arcas del PSC y, por ende, en las cuentas del PSOE. Al diputado Carlos Navarro y a los responsables de Filesa, Luís Oliveró y Alberto Flores, el supremo les condenó a pena de 11 años de prisión  cada uno, aunque no llegaron a cumplirlas de forma íntegra, ya que obtuvieron en diciembre del año 2000 un indulto parcial, concedido por el Ejecutivo de José María Aznar, de tal forma que se redujeron a la mitad las condenas que hoy ya están extinguidas. En aquel momento, los tres disfrutaban del tercer grado penitenciario. Aquel indulto se extendió a un total de 1.443 condenados y fue el de mayor peso político concedido por un Gobierno desde la Transición. El resto de procesados en el “caso Filesa” pagaron multas y cumplieron penas menores. 

En fin, existe un último recurso para salvar a los corruptos: es el indulto al reo de corrupción que los Gobiernos conceden generosamente a los condenados por sentencia firme pertenecientes a diversos partidos, pues se ayudan unos partidos a otros, sobre todo los mayoritarios, cuando se trata de tapar sus propias corrupciones. El presidente Aznar indultó a los corruptos del PSOE por el “caso Filesa” en el año 2000. ¡Resulta enternecedor comprobar cómo el gobierno del PP fue comprensivo con las corrupciones del adversario PSOE por financiación irregular, e indultó generosamente a los corruptos!.  ¿Será tal vez que “favor con favor se paga” en la partidocracia española?. Eso parece deducirse también de la actuación del gobierno de Aznar y de los fiscales y jueces, que prefirieron ignorar las consecuencias penales del caso Banca Catalana, que tanto afectaban a Jordi Pujol y a otros nacionalistas catalanes.

Sin embargo en la actualidad, tal vez por la crisis del bipartidismo y la aparición de nuevos partidos, observamos que los viejos partidos, ante el descubrimiento y divulgación de sus corrupciones, reaccionan con una excusa que cada vez resulta más cansina e infantil: recurren acusatoriamente al “y tú más”, que en absoluto los justifica y que confirma que la generalizada corrupción política es característica del partidocrático sistema político español; así como a la excusa de que son casos aislados de personas delincuentes que siempre hay en las grandes empresas u organizaciones.

Para conseguir una completa regeneración política que elimine la dictadura de los partidos y el nefasto caudillaje caciquil de sus líderes, es preciso que haya un decisivo rearme de una sociedad civil capaz de obligar a los partidos a un cambio radical con el objetivo de desmantelar la partidocracia e instaurar en España una verdadera democracia, devolviendo la soberanía popular a sus únicos propietarios: los ciudadanos, la gente. Desde luego, este cambio ha de comenzar con el logro de un objetivo estratégico: una modificación sustancial de la legislación electoral que permita a los ciudadanos elegir directamente a sus representantes políticos en distritos unipersonales; es decir, al llamado diputado de distrito.


            En todo este proceso la sociedad civil, organizada en movimientos y plataformas,  tendrá que intensificar cada vez más la presión a los partidos políticos y proponer una eficaz política por objetivos con el fin de profundizar en la regeneración política y conseguir la auténtica democratización, acometiendo para ello las reformas que sean necesarias de nuestra obsoleta Constitución. ¡España tiene que dejar de ser una partidocracia!. A los partidos inmovilistas que se opongan a esos objetivos, los ciudadanos tendremos que boicotearlos dejándoles de votar, porque ya somos mayores de edad políticamente y no necesitamos ni aceptamos la nefasta tutela de los partidos ni sus listas cerradas y bloqueadas de candidatos.

 La nueva política debería ser radical y establecer un sistema de libre acceso basado en el mérito, la capacidad y el esfuerzo, con instituciones objetivas y neutrales. Los políticos deben ser elegidos directamente por los ciudadanos en distritos uninominales, en lugar de ser propuestos por los partidos en listas cerradas y bloqueadas. Los nuevos partidos: Podemos, Ciudadanos, …solo quieren integrarse en el sistema existente, en la partidocracia, en la clase extractiva, para participar en el reparto del pastel.
En fin, dado que la corrupción es sistémica, para erradicarla es preciso adoptar, entre otras, las siguientes medidas:

1) Decretar la total ilegalidad de la financiación irregular de los partidos, completando lo que ya se ha legislado en este sentido.

2) Eliminar el aforamiento de los representantes políticos electos y de los cargos públicos

3)   Inhabilitar de por vida a los corruptos para el ejercicio de cargos públicos.

4) Cambiar la Ley Electoral para que sean los ciudadanos los que elijan directamente a sus representantes políticos en distritos uninominales en primera vuelta o, si es preciso, en segunda vuelta.  Hay que instaurar el diputado de distrito.

5)  Mientras que no se modifique la Ley Electoral y continúen siendo los partidos los que propongan a los candidatos políticos, la obligación de devolver lo robado debe ser no solo del culpable material del delito, sino también con carácter subsidiario pero obligatorio del partido que lo incluyó en la correspondiente lista cerrada y bloqueada electoral.

6)  Aplicar efectivamente lo que dice la Constitución sobre la elección de los miembros del CGPJ que en su mayoría (12 de los 20 miembros) deben ser elegidos por los propios jueces, no por los partidos. Actualmente todos sus miembros son elegidos por los partidos políticos.

7)  Cuando en un solo partido concurran numerosos casos de corrupción, aunque sean personales, los jueces podrán declarar al partido ilegal por ser una banda organizada para delinquir, tras sancionarlo con una gran multa proporcional a lo defraudado.

8)  Reformar los estatutos de los órganos de control para que sean independientes de la actuación de los partidos y de los cargos públicos, para que sean autónomos y verdaderamente independientes.

9)  Prohibir la concesión de indultos a los políticos condenados por corrupción en sentencia firme.

En todo caso, para que nuestro sistema político deje de ser partidocrático y se convierta en una verdadera y satisfactoria democracia, hay que exigir que se instaure el mandato personal, expreso y concreto, de los votantes sobre sus representantes mediante una reforma de la Ley Electoral que habilite la elección en circunscripciones uninominales del diputado de distrito, aunque sea en la medida de lo posible hasta que se modifique el artículo 68 de la vigente Constitución española.

*Joaquín Javaloys es economista del Estado, historiador, escritor y miembro de DdD en Madrid

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