Por José María Aguilar Ortiz*

El distrito electoral: una polémica secular

En el artículo precedente, al preguntarnos sobre la naturaleza de la representación política durante la primera parte del siglo XIX y examinar la figura que la encarnaba, el diputado de distrito, anticipábamos la publicación de otro texto en el que hablaríamos de aquella institución a lo largo de la segunda época de la democracia liberal. Conceptuábamos este período como «democracia de masas» o «democracia de partidos», una variante evolutiva de la democracia representativa que, con algunas modificaciones, ha sobrevivido hasta nuestros días.

         Antes de abordar dicha cuestión, de importancia crucial para comprender la mutación experimentada por la idea de representación política y el propio concepto de diputado a lo largo del último siglo, he juzgado oportuno tratar de un aspecto central y polémico de este debate: la cuestión del distrito electoral.

         Prácticamente durante todo el siglo XIX existió un amplio consenso entre los grupos políticos―antes de que estos se convirtieran en partidos y alcanzasen la hegemonía total―, que consideraba al distrito uninominal, de alrededor de 40.000 habitantes, trazado sobre la base de la división territorial en provincias, como el ámbito más adecuado para ejercer la representación política y escenificar el combate electoral.

         La estrecha conexión de los representantes con el territorio vecinal, donde residían por lo común—la parroquia, el partido judicial, el municipio o la provincia, circunscripciones donde eran elegidos desde la Constitución de Cádiz—, parecía muy apropiada para los propósitos del recién creado Estado nacional y su nueva forma de gobierno.

         Tal distribución del territorio, en distritos relativamente pequeños, propia de la tradición liberal moderada, fue aceptada también por los progresistas―así se hacían llamar los políticos pertenecientes al ala más liberal o izquierdista del liberalismo―, aunque estos introdujeron en algunos lugares, cuando gobernaron, las circunscripciones plurinominales, ―primero urbanas; después mixtas, al agregar a estas algunos distritos rurales―, más extensas y pobladas, donde se elegían varios candidatos simultáneamente, con objeto de contrarrestar el efecto oligárquico que parecía tener la elección de candidatos en los distritos uninominales.

         El monopolio de la representación por parte de algunos individuos o familias pertenecientes a las élites locales, bien por influencia gubernativa o de los incipientes partidos, bien por el peso político de determinadas personalidades, aunque era contemplado, en principio, como algo bueno y «natural», se identificaba en ocasiones con prácticas caciquiles, «clientelismo» y corrupción.

         Desde un principio, los políticos más liberales detectaron con preocupación que el distrito uninominal favorecía relaciones de poder, a pequeña escala, similares a las existentes en el Antiguo Régimen, en las que tenía gran peso la jerarquía social, hecho que era bien visto, sin embargo, por los más conservadores, quienes consideraban la existencia de facciones políticas como algo pernicioso; observaron, por el contrario, que las circunscripciones más amplias y plurinominales beneficiaban a los grupos políticos, los cuales se enfrentaban electoralmente sobre la base de programas no limitados al ámbito local, sino dirigidos a un elector en teoría más libre e independiente.

         Como afirman los autores del libro De las urnas al hemiciclo. Elecciones y parlamentarismo en la Península Ibérica(1875-1926) (Javier Moreno Luzón y Pedro Tovares de Almeida (eds.) Marcial Pons Historia. Madrid, 2015):

         «La justificación que ofrecieron en su día los legisladores [para la adopción del distrito uninominal] fue que les parecía una forma de representación más perfecta, y que con el gran número de electores que suponía la implantación del sufragio universal masculino, se anulaba la posibilidad de influencias personales [en el distrito].»

         En España, como en otros países europeos, el requisito de vinculación necesaria al distrito electoral, donde había nacido o al que estaba ligado el representante, fue desapareciendo poco a poco de las leyes electorales debido a su creciente profesionalización y al propósito de enfatizar el carácter «nacional» de los parlamentarios. No obstante, siempre predominó la idea de que era muy conveniente que el diputado estuviese directamente relacionado con el distrito o la provincia a la que representaba.

         Como señalan los autores del libro mencionado, ya en los primeros tiempos de la democracia representativa se advirtió que algunos distritos electorales se habían delimitado artificiosamente y que su trazado no correspondía a razones demográficas o geográficas, sino a la conveniencia de quienes controlaban la representación. Como ejemplos de este fenómeno, del que diremos algo más en el próximo artículo, se ponían los distritos de Sorbas en Almería; Torrox y Campillos en Málaga, Órgiva en Granada y Almendralejo en Badajoz.

         Aunque la polémica sobre este asunto, íntimamente relacionado con el de la Ley Electoral, atraviesa toda la historia de la democracia moderna y llega hasta hoy mismo, en realidad, históricamente, la adopción de uno u otro mapa de distritos, así como la normativa electoral, obedeció a pacto o consenso entre las principales fuerzas políticas.

* José María Aguilar Ortiz es oftalmólogo y fundador de Diputado de Distrito

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